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El principio de legalidad penal se ha consagrado en el panorama internacional como un auténtico derecho humano y subjetivo, habiendo sido reconocido como tal por el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este precepto ha sido objeto de un escueto pero ilustrativo desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este trabajo examina la configuración que se le ha otorgado al principio en el sistema regional americano de protección de los derechos humanos. Tras un sucinto repaso de las garantías y los mandatos del principio, se analizan los casos más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. RIDH