Desde principios de la década de los noventa inicia el estado del bienestar sueco un proceso de transformaciones que permite la participación de agentes privados en sectores emblemáticos de la sociedad de bienestar, tales como educación, salud, atención infantil y asistencia a personas adultas. Hasta la fecha, la experiencia muestra que la coexistencia de agentes privados y públicos financiados con presupuesto del Estado no ha estado exenta de obstáculos. El presente artículo analiza la problemática surgida en un mercado regulado, en el que el regulador busca maximizar el bienestar social, cuando un operador privado, maximizador del beneficio, entra al mercado. Los resultados muestran que la participación de agentes privados en este tipo de mercados no necesariamente da lugar a una mejora en el bienestar social, o a un aumento en la eficiencia en el servicio. Lograr estos objetivos supone que el Estado es capaz de diseñar mecanismos de control eficientes, lo que ciertamente tiene un costo asociado