Acceso abierto

La importancia creciente atribuida a los ránquines mundiales de universidades ha promovido la competitividad en el ámbito internacional conforme a unos indicadores centrados en la investigación, lo cual ha influido notablemente en las políticas nacionales. La presión sobre el profesorado ha aumentado en grado sumo, lo que se deja sentir en la forma y los criterios para evaluarlo. En España, la Ley Orgánica de Universidades aprobada en 2001 y su reforma parcial de 2007 han cambiado el panorama en cuanto al acceso a las plazas de profesorado, cambio que se plasma, en primer lugar, en la obligatoriedad de la acreditación previa del profesorado mediante una evaluación externa para tener opciones de acceder a una plaza de profesor en cualquier universidad pública. El marco normativo español combina varios niveles de descentralización en materia universitaria, lo que ha llevado a la creación de distintos organismos y diversos modelos para la evaluación del profesorado. En este artículo se realiza un análisis descriptivo- comparativo basado en fuentes documentales legislativas sobre evaluación del profesorado a nivel estatal y autonómico. Además, se analizan datos procedentes de la agencia regional que ha realizado mayor número de evaluaciones (Comunidad de Madrid) relativos a la transformación laboral de profesores en activo (N = 801) y se comparan los resultados de las encuestas de satisfacción de candidatos. Los 10 sistemas de evaluación revisados permiten una clasificación en tres grupos en función de su grado de objetividad y transparencia. La satisfacción de los candidatos es más elevada cuando el grado de objetividad es mayor. Se cuestiona lo que se denomina ‘ineficiencia evaluativa’, producida por la transformación de profesores en las nuevas figuras y por la creación de 12 agencias autonómicas con competencias similares y sin reconocimiento mutuo. Finalmente, se propone una cultura de evaluación mas objetiva y ética.