La Inspección de Educación en España se creó en 1849. Durante la segunda mitad del siglo XIX por primera vez la supervisión de las escuelas estuvo en manos de funcionarios profesionales que utilizaban criterios pedagógicos uniformes para todas las escuelas. Además, como delegados del gobierno, contribuyeron a consolidar el sistema escolar que de forma progresiva, y muy significativamente desde la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de 1857, se fue implantado en toda la nación. En el artículo se analiza la actuación de los primeros inspectores provinciales en una provincia rural del interior de España, Teruel, que tenía unas elevadas tasas de analfabetismo y graves problemas relacionados con la asistencia escolar, el pago a maestros, o la falta de escuelas, sobre todo para niñas. Por un lado se valora su labor para conseguir mejoras en todos los aspectos relacionados con las condiciones laborales y de vida de los docentes a través de su participación en la Junta Provincial de Instrucción Pública: oposiciones, retribuciones, clasificación para el escalafón o regulación de ascensos, traslados y sustituciones. Por otro se estudian las visitas de inspección a las escuelas y la contribución de las mismas tanto a la mejora de la organización escolar, como a la de la metodología didáctica empleada en las escuelas unitarias.

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