El objetivo de este artículo es demostrar que la modernización de la institucionalidad ambiental en Chile (la Nueva Institucionalidad Ambiental introducida en 2009/2010) termina consolidando las redes informales que han conectado tradicionalmente a sus principales actores: inversores, Estado y expertos. En consecuencia, se trata de una política pública que a pesar de introducir estándares de gobernanza signados por la accountability, transparencia y participación ciudadana no contribuye a la formación de ciudadanía y agenda pública en torno a modelos de desarrollo y de uso de recursos naturales, sino que se limita a evaluar/paliar/legitimar agendas preconstituidas, como lo son generalmente los proyectos de inversión productiva, extractiva o de infraestructura. Esto se debe, a nuestro juicio, a que la tendencia a la oligarquización propia del sistema político chileno y de la dominación de sus élites en general, así como la perduración de un modelo de acumulación basado en el extractivismo de recursos naturales sirven como cerrojo estructural a cualquier modificación de fondo de la política ambiental en una dirección más democrática.