Acceso abierto

La infancia y la adolescencia se configuran como pilares fundamentales de nuestra sociedad, en ellos reside el futuro de la misma. Las administraciones, como garantes constitucionales de la misma y de su adecuado desarrollo futuro, tienen como obligación ineludible su protección y amparo. El entorno escolar es un ámbito privilegiado para salvaguardar estos derechos fundamentales. En el ámbito educativo, pues, son necesarias tanto actuaciones preventivas en el propio entorno, como aquellas de información y notificación a otros Servicios Especializados. Para este cometido, la inspección educativa mantiene como deber primordial salvaguardar el interés superior del menor como base de intervención ante todas aquellas situaciones que puedan atentar contra la infancia y adolescencia, desde un enfoque eminentemente preventivo. La prevención se configura como uno de los principios rectores de la acción administrativa. Así, la intervención se deberá realizar sobre niveles progresivamente diferenciados, de menos a más, en intervenciones de carácter primario, secundario y terciario, centrando en el sector educativo las relativas a la prevención primaria y secundaria. Tanto la organización como los elementos funcionales de los centros escolares están preparados para atender a estas labores, ya sea dentro de los elementos del centro (documentos básicos) como en los protocolos de intervención antes situaciones de acoso escolar, maltrato o violencia de género, entre otros. En todo caso, los planes de actuación de la Inspección Educativa comprenden la labor de supervisión y de asesoramiento en estos temas como una labor habitual y necesaria, para lo cual se establecen medidas concretas dentro de su estructura y su funcionamiento.