Acceso abierto

Todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, tal y como recogen numerosos textos internacionales. La naturaleza y el alcance de los diferentes tratados marco contribuye a asegurar la universalización de la educación. Sin embargo, el acceso a la educación no garantiza que esta se desarrolle bajo los principios de equidad y justicia social. El esfuerzo de los sistemas educativos por alcanzar una educación inclusiva no siempre se traduce en políticas coherentes con los principios en los que esta se sustenta. El artículo analiza críticamente la normativa actual e identifica en qué medida se compromete con el ideal de escuelas para todos. A partir del constructo de educación inclusiva se identifican las fracturas más notables entre los discursos legales y los pedagógicos. La necesidad por definir y concretar la “diversidad” desde escenarios alejados de la realidad de los centros educativos se convierte en un freno importante para el desarrollo de culturas, políticas y prácticas inclusivas REI