El derecho fundamental que tienen los padres y las madres a participar en los centros educativos es un derecho mal aplicado en construcción. Mal aplicado porque los padres no participan realmente en los centros, sino que sólo lo hacen formalmente, es decir, tienen reconocidos unas sillas en los consejos escolares donde son como máximo informados y consultados. Pero no hay una participación efectiva y en condiciones de igualdad con los otros miembros de la comunidad educativa. Ante esto se hace imperioso que el legislador y las autoridades educativas regulen más detalladamente en qué consiste el derecho de participación de los padres y promuevan políticas educativas que ayuden a superar la brecha existente entre los maestros y las familias a la hora de resolver los asuntos de gobierno de los centros escolares y la implicación y colaboración de los padres y las madres en la educación de sus hijos.

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