Es bien cierto que el cumplimiento del derecho a la educación comprende diversos aspectos y componentes, pero en el centro del círculo está el financiamiento. Los tratados internacionales y regionales de derechos humanos que incluyen el derecho a la y en la educación no establecen de manera explícita el tema del financiamiento de la educación; ni tampoco la agenda educativa global ha precisado el monto o porcentaje que los gobiernos deben destinar a la educación; pero ha adoptado como indicador privilegiado los recursos económicos de la educación en relación al porcentaje del PIB de cada país. El Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (2008) ha hecho hincapié en que ante falta de recursos económicos, los Estados deben hacer el máximo esfuerzo para cumplir con su obligación de destinar recursos a la educación, particularmente a la primaria obligatoria y en forma progresiva para los subsecuentes niveles. Desde una perspectiva comparada, en esta comunicación se analiza el financiamiento educativo en los países latinoamericanos como elemento clave de toda política educativa, sobre la base de su regulación en las leyes generales de educación. El propósito es conocer la configuración legislativa respecto a los términos de su normatividad; la visión del financiamiento (inversión o gasto); los niveles educativos gratuitos o que son financiados con recursos públicos; indicadores de asignación (porcentaje de PIB u otros), corresponsabilidad financiera (entre niveles de gobierno) y fiscalización (mecanismos de su aplicación y/o rendición de cuentas).

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