En este artículo se presenta a la formación de intérpretes jurídicos como necesidad para garantizar el acceso a la justicia y lainclusión social de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la ONU en 2015. En países latinoamericanos con una marcada presencia de población indígena no castellanohablante se han desarrollado recientemente normativas en cuanto a los derechos lingüísticos y el derecho a la traducción/interpretación en lenguas indígenas. Desde una breve revisión de lasituación actual en México y Perú,se propone ampliar el paradigma de cooperación Sur-Sur y Triangular con una dimensión Sur-Norte. La detección de una creciente brecha social en los países europeos en cuanto al acceso a la justicia para hablantes de lenguas no oficiales o minorizadas lleva a considerar las oportunidades que brinda una alianza estratégica con países latinoamericanos para el avance hacia una ciudadanía social a nivel global. El enfoque decolonial se basa en el concepto de “traducción” como metodología (Santos,2005). Los datos proceden de un proyecto interuniversitario de cooperación coordinado por la University of Antwerp (Bélgica), la Universidad Veracruzana (México) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,así como por el InstitutoInternacional de Derecho y Sociedad (Perú).

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