En los años ochenta del siglo xx comenzó a manifestarse un interés político por la calidad de la educación, que renovó el discurso pedagógico y llevó aparejado un refuerzo de las actividades de evaluación, al ser esta entendida como un instrumento clave para producir la anhelada mejora. Fue en ese contexto en el que comenzó a construirse en España una política común de evaluación de los centros educativos, considerados el lugar donde se encarna la tarea educativa y se debe producir la mejora. Dicha política fue cambiando a lo largo del tiempo, en función de los cambios registrados en la orientación política general, el reparto de competencias en materia de educación y las iniciativas concretas de los diversos agentes y administraciones. En este artículo se analizan las características de las políticas desarrolladas en los últimos treinta años para evaluar los centros docentes, así como de las prácticas en que se han traducido. El enfoque adoptado se inscribe en la política de la educación, centrándose en los planteamientos adoptados y las prácticas desarrolladas por las diversas administraciones. Para ello se ha recurrido a la identificación y consulta de obras académicas y de investigación, informes oficiales, normas legales y «literatura gris». Tras llevar a cabo dicho análisis, el trabajo concluye que la política adoptada a lo largo de estos treinta años se ha caracterizado por los avances y retrocesos, los cambios de orientación, la falta de coherencia entre las intenciones y la práctica y la insuficiencia de las acciones desarrolladas.

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