Este artículo pretende analizar las políticas públicas emanadas de la legislación educativa aprobada por los gobiernos andaluces durante la primera legislatura del Parlamento de Andalucía, y el resultado de su aplicación a través de algunos datos estadísticos. Este objetivo resulta de especial interés debido a que Andalucía se convierte en esos años en el lugar de diseño y ensayo para la política educativa del socialismo español que tendrá su culminación con la aprobación de la LOGSE en 1990. Para ello, se han consultado y estudiado fundamentalmente los decretos, órdenes y resoluciones reguladores del sistema andaluz y español entre 1982 y 1986. El trabajo se acompaña de las estadísticas necesarias para comprender el contexto de esta normativa. Con esas fuentes estadísticas y documentales, se ha podido analizar cómo desde Andalucía se entiende y aplica el artículo 27 de la Constitución, atendiendo especialmente al derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Durante estos cuatro años se inicia una política educativa andaluza sustentada en cuatro ejes principales: garantizar el acceso de los ciudadanos a todos los niveles de sistema educativo, fomentar la identidad andaluza, mejorar la calidad de la enseñanza y conseguir una mayor participación de la comunidad educativa.

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