El trabajo se propuso realizar una evaluación del impacto de las inversiones públicas, con enfoque en seguridad pública y asistencia social, así como los factores socioeconómicos, sobre la criminalidad en las 27 unidades federativas de Brasil en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2012. Para estimar el efecto de esos factores fue utilizado el modelo de datos en panel con efectos aleatorios. La función crimen presentó resultados estadísticamente significativos y alta correlación entre las variables, obteniendo, así, argumentos compatibles con la teoría económica del crimen. Se observó que la variable desigualdad de renta, medida por el coeficiente de Gini, es el que más contribuye para el aumento de la criminalidad, afectando positivamente, así como la densidad demográfica. De esta forma, se nota que los individuos actúan de forma racional, comparando las ganancias y pérdidas posibles, y estas variables sirven de incentivos en la opción del individuo por el crimen. Es válido destacar que, baja escolaridad, altas tasas de desempleo, mayores densidades demográficas y mayor grado de desigualdad social funcionan como estímulos de las ocurrencias criminales, disminuyendo el coste de oportunidad del individuo para entrar en una actividad ilícita, es decir, los beneficios que serían obtenidos en el mercado de trabajo formal son más pequeños de los que se vislumbran en la actividad criminal