La calidad de la educación a la que tienen derecho los niños y jóvenes está garantizada por la Constitución Mexicana. Sucesivas reformas buscan avanzar para ofrecer educación para la vida. Abrir -apoyados en normas claras y planes factibles- escenarios formativos a la colaboración de la comunidad garantiza que sus necesidades sean tomadas en cuenta y que las instituciones indan cuentas y respondan a las expectativas de niños, padres y sociedad. El Consejo nacional de Participación Social ha desarrollado planes para informar a los actores de la educación básica, especialmente padres de familia, profesores y directivos, sobre la mejor forma de generar sinergias para el cambio. Una experiencia reciente demuestra la conveniencia de la apertura institucional a la mirada y aporte ciudadano para afirmar esfuerzo en favor de la calidad y el aprendizaje.

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